Así me llega y así os lo cuento...
Uno de los implicados era el director de una oficina del SEF en la Región
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 18 personas, entre ellas un
director de una oficina de empleo dependiente del Servicio Regional de
Empleo y Formación de Murcia, acusadas de delitos de falsedad documental,
cohecho y revelación de secretos en dos operaciones desarrolladas en
Tenerife, Valencia, Alicante, Murcia, La Coruña, Vigo y Madrid.
El detenido en Murcia es el delegado de la Tesorería de la Seguridad Social
en Bullas, tal y como adelantó 'La Verdad'. El hombre en cuestión tiene 64
años de edad y, según fuentes de la operación, su despacho y domicilio han
sido registrados como consecuencia de esta operación, iniciada a principios
de año. Según ha informado el Ministerio del Interior, entre los arrestados
se encontraban también vigilantes de seguridad y detectives privados, entre
otros. En total, nueve vigilantes han sido detenidos en Tenerife por
falsedad documental al utilizar titulaciones académicas y diplomas de
formación falsos para conseguir su habilitación en el sector de la seguridad
privada. Ocho de los detenidos se encontraban actualmente trabajando como
vigilantes en un Centro de Menores tinerfeño.
Además, dos de ellos estaban también habilitados como directores de
seguridad y escoltas privados tras presentar falsas titulaciones. Otro de
los detenidos obtuvo igualmente de forma fraudulenta su acreditación como
vigilante de explosivos.
En otra operación simultánea, los agentes han desmantelado una trama
organizada que se dedicaba a la obtención y comercialización ilícita de
datos reservados de carácter personal. Nueve individuos han sido detenidos
en Valencia , Alicante, Murcia, La Coruña, Vigo y Madrid por delitos de
cohecho, revelación de secretos y asociación ilícita.
En esta operación, los detenidos son dos detectives privados de Madrid, el
director de una Oficina de Empleo dependiente del Servicio Regional de
Empleo y Formación de Murcia y otras seis personas relacionadas con agencias
de 'información comercial' con ámbito de actuación en Madrid, Comunidad
Valenciana y Galicia, aunque con ramificaciones en otras Comunidades
Autónomas.
Sobornos
El entramado delictivo estaba liderado por un individuo de Alicante que se
atribuía la condición de "detective privado" o de "perito judicial de
investigación". Esta persona había sobornado a un director de una Oficina de
Empleo murciana para que le facilitase datos protegidos relativos a personas
físicas.
Posteriormente, vendía esta información confidencial a través de diversos
intermediarios integrantes de la red. Los datos objeto de compraventa, como
domicilios, teléfonos, DNIs, localización de bienes, grupo de cotización,
subsidios, pensiones, situación laboral o categoría profesional, tenían como
destinatarios finales a entidades bancarias y financieras, despachos de
detectives y cualquier otra empresa interesada en los mismos.
En la investigación se ha acreditado que, en el último trimestre de 2010,
los detenidos comercializaron más de 1.000 informes con datos protegidos
sobre personas físicas repartidas por todo el territorio nacional. Sus
expectativas eran las de suministrar un mínimo de 2.000 informes mensuales y
durante un periodo de cinco años. El coste de cada uno de los informes
oscilaba entre los 10 y 20 euros.
El trasvase de los datos se realizaba adoptando extremas medidas de
seguridad, con la creación de cuentas de correo electrónico e intercambio de
claves entre los miembros de la organización, en la que existía una clara
distribución de tareas y una voluntad de permanencia en el tiempo. El pago
por los informes suministrados se efectuaba "en mano", normalmente cada
quince días, o a través de empresas de mensajería, evitando cualquier otro
sistema tradicional o la emisión de facturas, para evitar la obtención de
elementos de prueba.
Los investigadores han registrado cinco domicilios y varios despachos
profesionales en donde han intervenido abundante documentación y material
informático, además de dinero en efectivo, que está siendo analizado. Cinco
de los detenidos en esta última operación han ingresado en prisión por orden
judicial y el resto está sometido a medidas cautelares.
[www.laverdad.es]
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