Según informó Nacho Laffarga, responsable de menores de AI en Málaga, la iniciativa entronca con los últimos informes del Defensor del Pueblo y el comité de malos tratos de la ONU, que ya han mostrado su preocupación a las administraciones españolas.
Laffarga, que pronunció ayer una charla en el Colegio Oficial de Diplomados de Trabajo Social y Asistentes Sociales, se refirió a la falta de ordenación de los centros, a los que las instituciones públicas, en multitud de ocasiones, derivan a jóvenes con problemas. «Muchas veces ingresan sin que haya un profesional que diagnostique que tienen problemas», denunció el activista. De acuerdo con la agrupación, se precisa una ley que detalle el perfil de los profesionales y los métodos que emplean en las instituciones, en las que se han detectado casos de exceso de medicación, malos tratos e, incluso, reclusión violenta. «Existen recomendaciones internacionales y deben fijarse también en España».
En la provincia, destaca la denuncia de Sara Casas, antigua interna del centro concertado Dulce Nombre de María, que asegura haber sufrido diversas torturas y desplazamientos no consentidos durante su estancia. «Se han dado capítulos, incluso, en los que no había más profesionales que vigilantes de seguridad. Queremos que se regule detalladamente, ya que son personas a las que se priva de libertad», manifestó.
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