España fue el primer país en impulsar la misión internacional que actualmente vigila las aguas de Somalia y el Golfo de Adén para evitar que los piratas campen a sus anchas. Lo hizo tras el secuestro de un pesquero español, el «Playa de Bakio». Actualmente tiene allí una fragata y un avión de vigilancia marítima, pero la mayoría de las misiones las realizan muy lejos de la zona donde faenan los atuneros.Los recientes «sustos» que tres pesqueros se han llevado en la zona ha vuelto a elevar el tono de las críticas desde el sector contra la escasa utilidad de las medidas adoptadas por el Gobierno y les ha llevado a solicitar presencia militar dentro de los barcos. Apoyados por el PNV y el PP, han puesto en un brete la apuesta de Defensa por esta operación. El secretario de Estado del Ministerio que dirige Carme Chacón, Constantino Méndez, se reunió ayer en Vitoria con la consejera vasca de Pesca, Pilar Unzalu. Tras el encuentro, Méndez anunció que los buques atuneros que faenan en aguas del Océano Índico podrán contratar servicios de seguridad privada que podrán usar fusiles de largo alcance.
El secretario de Estado de Defensa explicó que los armadores habían solicitado la posibilidad de incorporar a bordo de los buques seguridad privada armada. Aseguró que en enero se consintió protección privada con armas cortas pero al ver que no era una medida proporcionada a la amenaza que sufren los buques, ayer mismo, el Ministerio del Interior autorizó incorporar seguridad privada a bordo de los buques pesqueros y el uso de fusiles de largo alcance por parte de seguridad privada. Los armadores que lo deseen podrán incorporar esta medida de autoprotección en los próximos días; en cambio, no será posible que haya infantes de Marina armados en los buques, como habían pedido los armadores, porque, según aseguró, «no lo permite el ordenamiento jurídico español».
Méndez subrayó que la efectividad de este armamento es «total» con respecto a la amenaza que se padece «y es el armamento que portan otros miembros de seguridad de otros países». No obstante, supone una novedad en España, ya que el ordenamiento español no permite que la seguridad privada porte armamento militar, indicó.
Con esta medida, el Gobierno trata de contentar a unos pesqueros cada vez más soliviantados. Pero la propuesta del secretario de Estado de Defensa no parece contentarles del todo. Dos asociaciones de atuneros españolas insistieron ayer a Zapatero que, con carácter de urgencia, coordine las actuaciones de los miembros del Ejecutivo pertinentes, para que se permita el embarque a bordo de los buques atuneros españoles de infantes de Marina. En una carta remitida al jefe de Gobierno, los atuneros señalan que esta medida «es más eficaz y posiblemente más económica que las adoptadas hasta ahora por España para frenar los actos de piratería en el Índico» y muestran su disposición a costear el coste extra de esta medida».
FUENTE: LARAZON.ES
