Las cifras
14.516 casas forman el parque público catalán, en el 0,6% residen 'okupas'.
185 expedientes irregulares detectó Madrid en sus 19.000 inspecciones.
14 vigilantes por bloque han llegado a ser necesarios.
En los últimos meses se ha detectado un preocupante aumento de los intentos por ocupar viviendas de manera ilegal. Además de casas en barrios consolidados, las promociones nuevas de las zonas periféricas se han convertido en otro de sus objetivos. Los Gobiernos de Madrid y Cataluña, entre otros, se han visto obligados a contratar vigilantes privados para proteger las casas de promoción pública (VPO). Solo el Ivima madrileño lleva años con esta política y gasta cinco millones de euros

